Ciudad sostenible
Desde mediados de la década de 1990, el desarrollo sostenible contribuyó a la redefinición sectorial y transversal de las políticas públicas: los campos del ordenamiento y el urbanismo no escaparon a la difusión de sus marcos y recomendaciones. El concepto de “ciudad sostenible” se ha convertido así gradualmente en un operador omnipresente, tanto en términos de los discursos, de la reflexión prospectiva sobre la ciudad del mañana, como en lo que concierne a las realizaciones y las experimentaciones concretas de la fábrica urbana. A través de la “ciudad sostenible”, se trata –es una de las definiciones genéricas- de integrar los tres pilares del desarrollo sostenible en el ordenamiento, pero también de renovar las modalidades generales (principios, finalidades, concepción, usos, etc.) gracias a la toma en consideración simultánea, interdependiente y operativa, de los desafíos sociales, económicos, ambientales y culturales de –y por- el urbanismo. Lucha contra el cambio climático, preservación de los recursos, promoción de una economía social y ambiental, de la salud y del bienestar de todos, son algunas de las finalidades que convocan en torno a la ciudad sostenible.
Por consiguiente, al traducir en parte las preocupaciones del ordenamiento encaminadas a la adaptación concreta de lo urbano a las expectativas de la sostenibilidad, la “ciudad sostenible” es ante todo una manera de “decir la ciudad” para “hacer la ciudad” (Fijalkow 2017). Ya se trate de denunciar en ella ciertos órdenes/desórdenes, así como de prescribir nuevas formas, “buenas” y “deseables”, no sin algunos acentos de ideología espacialista, la reorganización del espacio urbano parece ser suficiente para la transformación social. En esto, estamos en presencia de un nuevo relato normativo e ideológico sobre la ciudad, a la vez crítico y prescriptor de cambio. Heredera del proyecto de “evitar lo peor” impulsado por el desarrollo sostenible, la ciudad sostenible se construye entonces sobre el imperativo de invertir las tendencias pesadas, “molestas” e insostenibles de la ciudad moderna con sus externalidades negativas, tanto locales como globales: expansión urbana, artificialización de los suelos, contaminación, riesgos ambientales, segregaciones, biodiversidad en peligro, etc.
Como toda producción ideológica, la “ciudad sostenible” no emerge ex nihilo: según los autores que nutren su genealogía, y mucho antes de la década de 1990 -cuando abundan los estudios sobre el tema-, se tomaría prestado a veces de los trabajos de P. Geddes, a aquellos que versan sobre “la ecosistémica urbana” (A. Wolman), sobre las “comunidades sostenibles” (décadas de 1960-70), o incluso las aproximaciones sobre la “ciudad autosuficiente” de la década de 1980, por ejemplo (Levy y Emelianoff, 2011). La construcción de la “ciudad sostenible” como contrapropuesta urbana se desprende claramente del texto fundacional establecido en la Carta de las ciudades europeas para la sostenibilidad, denominada “Carta de Aalborg” (1994). En su estructura, hay a la vez una lectura crítica-catastrófica de la ciudad contemporánea y de su peligrosa evolución; un cuestionamiento de los conceptos y las herramientas urbanos empleados hasta entonces, considerados como inadecuados, obsoletos y responsables de la situación; y finalmente, una consideración de la nueva realidad urbana a escala planetaria, sobre todo en materia de medio ambiente, con un llamado urgente a la acción reformadora (Levy 2009).
Al mismo tiempo que caracteriza la empresa ideológica de la sostenibilidad urbana, dicha Carta formaliza la inclusión de la “ciudad sostenible” en agenda, como categoría de acción pública. Con este texto, las ciudades europeas firmantes reconocen el impacto de la ciudad sobre el medio ambiente , al mismo tiempo que afirman la responsabilidad de los colectivos locales de actuar con vistas a un cambio urbano necesario. Desde entonces, los discursos y las preocupaciones se internacionalizaron. Esta difusión global e institucional de la “ciudad sostenible”, que equivale a un nuevo marco de referencia y un esquema interpretativo de las políticas urbanas y de ordenamiento, se extendió en todos los niveles de gobierno, a través de una multitud de instrumentos. En Francia, la sostenibilidad de los territorios urbanos se ha implementado, por ejemplo, a través de medidas legislativas (ley de SRU [Solidaridad y Renovación Urbana], etc.), reglamentarias (documentos de urbanismo, tales los PLU [Plan de Ordenación Urbana Local], PADD [Proyecto de Acondicionamiento y Desarrollo Sostenible] y SCOT [Esquema de Coherencia Territorial]) o incluso incentivadoras, como la implementación de los Concursos nacionales, y posteriormente, una etiqueta de EcoQuartiers [barrios ecológicos).
Si bien estos procesos de adaptación permanecen marcados por una dirección institucional de tipo descendente, a menudo inherente a la programación y la planificación urbanas, el campo de acción abierto por los imperativos de una traducción operativa de la sostenibilidad ha creado un nuevo espacio de proyección y competencia para el conjunto de los actores de la fábrica urbana. Entre restricción y oportunidad, todos han importado progresivamente la “consigna” de la sostenibilidad en sus registros rutinarios de proyecto, de diseño, de acción o de producción urbanos. En esta interacción de fuerzas de actores, las respuestas técnicas (con sus producciones de indicadores cuantitativos y de objetivos cuantificados) y las aproximaciones ambientales monopolizaron muy rápidamente los escenarios, enfocándose en las acciones y operaciones de desarrollo urbano sostenible. De vuelta a estos grandes, para algunos al precio de un cierto “reduccionismo” (Boissonade y Hackenberg, 2011; Bourdin 2009), la “ciudad sostenible” fue aprehendida principalmente con los prismas de los eco-procedimientos y las eco-normas implementadas (eficiencia energética de los edificios, elección de los materiales de construcción, todo ello con vistas a diversas eco-etiquetas, HQE, BBC, etc.), las lógicas ecológicas de planificación espacial y de infraestructura (barrios ecológicos, redes de transportes blandos, densificación de la edificación y lucha contra la expansión urbana, mezcla funcional, etc.), o incluso una gestión espacial ecológica ((re)composición de la biodiversidad y de los paisajes, tramas verdes y azules, etc.).
Frente a estas tendencias pesadas, la implementación del pilar social –teóricamente constitutivo de la ciudad sostenible- ha demostrado ser más problemática, polarizando por esta razón una parte importante de los trabajos críticos en ciencias humanas y sociales, comenzando por los análisis sobre las modalidades de la participación del habitante convocado, en los discursos, como un ingrediente ineludible de una aplicación exitosa de la sostenibilidad urbana. En efecto, el paso de este mandato participativo a la realidad de una dinámica social que favorece la responsabilidad colectiva, incluso la co-construcción de los proyectos, está lejos de ser evidente. La mayor parte de los análisis de los llamados sistemas “participativos” revelan una participación menos “activa” o “directa” que la información, la consulta o la concertación de los habitantes. Además de que estas tres modalidades son una vez más de arriba hacia abajo, reflejan la preocupación de una aceptabilidad social de los proyectos de ordenamiento para los cuales el marco operativo –la mayor parte del tiempo construido de antemano- reduce a menudo la parte de lo discutible, lo negociable, a cuestiones intersticiales o simbólicas (Tozzi 2014). Sin embargo, la geometría de este “gobierno de la participación” no es inmutable: varía en función de los contextos políticos locales, dejando, según los casos, más o menos espacio para iniciativas innovadoras (ocupación de baldíos, transformación del espacio público, jardines asociativos, hábitat cooperativo, cambio de los usos prescritos, etc.); ciertas apropiaciones de habitantes demuestran ser igualmente aptas para eludir los dispositivos institucionales y para afirmar un cierto poder de actuación en la adaptación sostenible de la ciudad (esto no excluye su reciclaje institucional).
Tal como se discutió, surge luego el desafío social y transicional de la sostenibilidad urbana en relación con la adecuación de las normas de comportamiento con el fin de alentar a los habitantes a que adopten modos de vida y de hábitat más virtuosos. De hecho, con la ciudad sostenible, el ciudadano debe convertirse en “eco” y cumplir con los mandatos de “nuevas” y “buenas” prácticas esperadas (desplazamientos suaves, clasificación [de residuos], reciclaje del agua, compostaje, ahorro de la energía…). Sin duda necesaria para el cambio, la difusión generalizada de los eco-gestos y las eco-actitudes no es menos ambigua. En esta área, la sensibilización, el empoderamiento, el apoyo y la enseñanza son palancas sistemáticamente privilegiadas, antes que una lógica educativa. Se trata de movilizar a las poblaciones, pero sobre todo de enseñarles a vivir según las nuevas modalidades, incluso a “disciplinarse” en el sentido de asegurar su conformación a los dispositivos estandarizados y a los marcos de gestión asumidos por la comunidad (Renauld 2012, Zetlaoui-Leger 2013).
Esta exigencia de “corrección” del comportamiento se basa también en una retórica descalificante de los estilos de vida y las prácticas ecológicamente “irresponsables”, incluso “egoístas” o “incívicas” (utilización del automóvil, por ejemplo). Con la eliminación de ciertos “malos” hábitos, la sostenibilidad conlleva algunas veces un neohigienismo, que crea nuevas fronteras espaciales y sociales en la ciudad. Esto ocurre en particular cuando la rehabilitación o la reconquista de la ciudad obligan a retirar los “cuerpos perturbadores”, con las poblaciones que se han convertido en indeseables, o las que carecen de los recursos necesarios para su integración en el nuevo orden simbólico-espacial emergente (Tozzi 2013).
Además de los componentes culturales o cognitivos, esta cuestión de los recursos es también la de la capacidad económica de los habitantes a enfrentar, a integrarse a las transformaciones urbanas de la sostenibilidad. Porque, en la observación a largo plazo, la ciudad sostenible puede excluir. Es el caso en que, detrás del “velo ambiental”, procesos subyacentes de gentrificación conducen a dinámicas desiguales y a desalojo de habitantes (Smith 2002, Dubois y Van Criekingen 2006). Por ejemplo, cuando la (re)composición sostenible de los barrios populares en barrios ecológicos modifica la repartición urbana de las poblaciones vulnerables y acentúa la fragmentación social. Si bien esos efectos no son sistemáticos –gracias a modalidades compensatorias (porcentaje de viviendas sociales integradas a las operaciones, negociación de alquileres por parte de los arrendadores, etc.)-, no por ello dejan de ser un riesgo para el desarrollo sostenible; sobre todo cuando las estrategias locales de comercialización urbana tienen prioridad sobre las de equidad territorial.
Existe una cuestión crucial que por sí sola merecería un desarrollo más amplio: el de la rentabilidad de la ciudad sostenible. Porque, si se dejan de lado los “pequeños” proyectos de bajo costo llevados a cabo por los habitantes, éstos son más onerosos que la construcción de una ciudad “estándar”; ya se trate de los costos de descontaminación, de demolición, de reubicación, o incluso de aquellos generados por el respeto de las normas técnicas más exigentes. En la respuesta económica a estas nuevas limitaciones, algunos denuncian un fenómeno de “financiarización” de la sostenibilidad urbana que en adelante se basaría en operaciones sostenidas casi exclusivamente por lógicas de mercado, inversión y movilidad/liquidez de capitales (Beaurain y Andrieu 2016), con el riesgo manifiesto de acrecentar las exclusiones y las desigualdades socioespaciales. Sin resolver la controversia aquí, el hecho es que la ciudad sostenible –idealmente más inclusiva- plantea una serie de interrogantes sobre la elección del modelo económico preferido, o de uno cuya implementación aún no se ha negociado (Theurillat 2011).
En términos más generales, aunque el estado de la ciudad sostenible no pone en tela de juicio ciertos avances (éticos, humanos, ambientales), los riesgos de exclusión, a menudo reducidos a puntos ciegos del proyecto, deben ser objeto de una atención renovada, cuando se trata de pensar en una sostenibilidad urbana como “humanidad creciente”, es decir, integrando plenamente los desafíos de la justicia ambiental y social. A costa de esta integración y de mediaciones relacionadas, la planificación urbana sostenible es susceptible de ganar en calidad transaccional y democrática (Hamman 2011).
Pascal Tozzi