Desalojo

El desalojo puede definirse como una expulsión colectiva y violenta de individuos que no poseen derechos reconocidos sobre las parcelas que ocupan. Dotado de un doble sentido (comienzo brusco y desplazamiento por la fuerza), el segundo sentido se refiere a la idea de recurrir a la violencia, física o simbólica, que acompaña generalmente al procedimiento. Los desalojados son frecuentemente desplazados por la fuerza o se les ordena brutalmente dejar su «lugar» de residencia. Aunque principalmente empleado para designar las “movilidades” residenciales forzadas en las escalas urbanas, el término es igualmente utilizado en el marco de operaciones de desplazamiento de comerciantes de la calle. El desalojo puede por lo tanto ser entendido como el desplazamiento, bajo apremio, de ciudadanos instalados en una parcela con la tenencia impugnada por el poder público.

Palabra de origen vernáculo, “El término (y el procedimiento), empleado por la administración colonial francesa en Dakar (expulsión, por la fuerza militar, de habitantes de villas miseria del barrio de La Medina en Dakar hacia las dunas sin servicios de Pikine) es desde ese momento utilizado para numerosas administraciones del Tercer Mundo. Se habla a menudo de reasentamiento por la relocalización de esos habitantes (que se limita frecuentemente a la adjudicación de parcelas baldías para edificar) generalmente en la periferia lejana.” (Dorrier-Apprill, 2001: 75. L’historienne C. Coquery-Vidrovitch define el desalojo como “la expulsión autoritaria y brutal de los barrios precarios y no legalizados”, subrayando cómo este tipo de operación participó de una empresa de despojo de ciudadanos africanos de sus derechos sobre el suelo urbano, tanto en la época colonial como después de las Independencias (Coquery-Vidrovitch, 2006: 1103).). El término “desalojo” es hoy frecuentemente movilizado en los trabajos de geografía urbana, social o política que asimilan generalmente el desalojo con una “expulsión masiva de ocupantes de barrios informales o de villas miseria.” (Dorier-Apprill, 2001: 75). Otra definición insiste, por el contrario, en el carácter ilegal, desde el punto de vista del poder público, de la ocupación del suelo: designa la expulsión por los poderes públicos de todos los habitantes de un «barrio» ocupado ilegalmente (barrio informal, villa miseria).

Los desalojos tienen lugar hoy ante todo en el marco de la renovación de los centros de las ciudades y de la implementación de ciertas centralidades de ciudades del Sur. A pesar de las alternativas propuestas y las recomendaciones formuladas por las instancias internacionales, el desalojo continúa siendo un método frecuentemente empleado por los actores de políticas neoliberales para “limpiar” las ciudades del Sur de ciudadanos considerados “indeseables”, relegando estos últimos a la periferia de la ciudad.
La operación se compone generalmente de tres pasos: la decisión de desalojar en nombre de diferentes registros de acción (salubridad, embellecimiento, gran proyecto urbano, lucha contra la pobreza, principalmente) y la mayor o menor información de los ciudadanos involucrados; el eventual establecimiento de compensaciones en función de criterios variables (generalmente una fecha límite a partir de la cual el establecimiento es tomado en cuenta e instaurado); la posible propuesta de sitios de relocalización. En cada etapa puede plantearse la cuestión de la legitimidad de tales procedimientos: ¿en nombre de qué se desaloja? ¿Se puede realmente compensar siempre la pérdida de un lugar y en general del acceso a la centralidad? ¿Cómo indemnizar equitativamente a los diferentes ciudadanos involucrados? ¿Qué sucede con aquellos que quedaron pendientes en los procedimientos de relocalización?

Dada la complejidad del conjunto de actores con intereses divergentes (ciudadanos, ONG, municipalidades, especuladores inmobiliarios, donantes internacionales), el desalojo es a menudo percibido más como una expulsión injusta y violenta que como una operación que permite la seguridad territorial. En efecto, a través de ese tipo de intervenciones que apuntan a responder normas urbanas neoliberales, se plantea la cuestión del derecho de acceso a la ciudad por parte de los grupos más desfavorecidos.

J. BLOT y A. SPIRE