Estado

La palabra Estado proviene del latín stare, que remite a la noción de estabilidad, de permanencia, o, más claramente, del término stato, utilizado por Maquiavelo para designar las ciudades-Estado de Italia. En francés, el vocablo aparece en la época moderna, pero entonces se refiere más bien a la situación de la persona en la sociedad y, más allá de ésta, a su condición política. (Ejemplo: el tercer Estado).

Un Estado es una construcción a la vez institucional y política, fundada en sedes sociales y territoriales, que se manifiesta según una triple dimensión. Es:
-un conjunto de instituciones caracterizadas por la posesión del monopolio de la promulgación de la regla de derecho y el empleo de la fuerza pública.
-una totalidad soberana en la cual el territorio y las fronteras son reconocidos por las instituciones internacionales.
-un modo de organización y una intervención en el funcionamiento del espacio geográfico sobre el cual se ejerce su autoridad.
Como legislador, el Estado promulga y, en teoría, garantiza la aplicación de las leyes, cuando se está en presencia de una configuración calificada de Estado de derecho. Representa la única entidad jurídica que posee una plenitud de competencias, y lo que de ello se desprende: un poder político oficial. Definido de este modo, el Estado moderno (Maquiavelo) se presenta como un poder central soberano que, en nombre de un interés superior, sustrae la acción política de consideraciones morales y religiosas. Ese poder se ejerce sobre un «territorio» donde esta entidad es responsable del orden público, para poblaciones donde asegura la cohesión y donde debe asegurar la defensa frente al exterior, según un esquema contractual teorizado por Th. Hobbes, en el Léviathan (1651). Al justificar su existencia por la garantía del orden social, el surgimiento de los Estados marcaría el paso del estado de naturaleza, caracterizado por la guerra de todos contra todos, al estado civil, en el cual cada uno es libre obedeciendo a la ley de todos.
Munidas de esa legitimidad contractual, las prerrogativas organizacionales y territoriales de un Estado se materializan en torno a la idea de soberanía. Definida por primera vez por Jean Bodin (1529-1596), la soberanía permite al Estado ejercer su autoridad tanto en el interior como para con el exterior. Esta idea de soberanía se manifiesta en un cierto número de exclusividades de las funciones regulatorias y/o de sus símbolos (la moneda, las fuerzas armadas, la bandera, el himno nacional, la fiscalidad, etc.). Se destaca que la importancia acordada a estas prerrogativas regulatorias varía fuertemente de un Estado a otro. No obstante, algunos muy blandos, frente a todo abandono de soberanía (ejemplo: la moneda), admiten por detrás la presencia de “paraísos fiscales” que desafían su soberanía fiscal.

Si nos alejamos de este esquema teórico, la realidad del funcionamiento de un cierto número de Estados les vale ser calificados como “débiles” (expresión iniciada en los años 1960 por G. Myrdal para alertar sobre la situación real de los países recientemente colonizados) o como fracasados (“failled states”, Helman, 1993; o “collapsed states”, Zartmann, 1995), cuando el aparato del Estado no reemplaza sus misiones primarias (seguridad, justicia, educación, etc.). Se sabe que en este caso el vacío dejado es llenado por otras entidades: milicias privadas, grupos de autodefensa, crimen organizado, etc.

Las «fronteras» son demarcadoras de la soberanía de los Estados en el espacio. La importancia acordada a la perennidad de estas delimitaciones condujo frecuentemente a las autoridades estatales a procurar fijarlas sobre hitos naturales (Vauban, P. Buache). No obstante, se sabe desde hace tiempo (L. Febvre) que sólo se trata, en este sentido, de elementos de justificación, y que la afirmación de una reunión de territorios fundada en la contigüidad y el cierre (D. Nordman) pudo influir tanto en la seguridad como en la conflictividad de las relaciones interestatales (Foucher, 1991).
La importancia acordada a la sede espacial condujo a «Friedrich Ratzel» a desarrollar una teoría del Estado orgánico, considerando que la vida de Estados y las naciones es similar a la de los seres vivos. Concebido como un “organismo anclado en el suelo”, el poder de los Estados se asocia a su superficie, de donde se dedujo que el crecimiento espacial de los Estados se acrecienta paralelamente a su desarrollo, justificando de este modo las conquistas territoriales y la jerarquía de las potencias. La delimitación de vastas zonas coloniales o de esferas de influencia geográfica entre las potencias europeas fue una aplicación de esta concepción del mundo. El vínculo entre el anclaje terrestre de los Estados y su papel geográfico fue pensado de modo diferente por «Jean Gottmann», según una dialéctica entre el movimiento de compartimentación del mundo y el de circulación. La búsqueda de la estabilidad para organizar políticamente los espacios se combina con el principio de circulación, que afecta tanto a la organización interna de los Estados como a sus relaciones externas. Si bien la globalización contemporánea tiende a valorizar vastos Estados muy poblados denominados “Estados continentes”, la superficie no constituye más, por el contrario, un elemento totalmente discriminante. Un cierto número de entidades calificadas de micro-Estados (El Vaticano: 32 hectáreas, Mónaco: 1,2 km², Singapur: 616 km²) subrayan la ausencia de correlación entre la superficie y el área de influencia. A la inversa, el inmenso territorio antártico no contiene ningún Estado en su suelo.

Se considera que, desde los tratados de Westfalia (1648), las relaciones internacionales se organizan en torno a un sistema de Estados soberanos que se basa, desde 1945, en la igualdad de derecho de los Estados, aunque este sistema se funde y se trate según una jerarquía de potencias establecida. Dicha igualdad jurídica entre los Estados se materializa, en apariencia, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reúne a 193 miembros en 2014, mientras que sólo eran 51 en 1945, en el momento de su fundación. La cuestión del reconocimiento internacional de los Estados por parte de terceros países es central en la existencia de un Estado. La aparición de nuevos Estados resulta, ya sea del acceso a la independencia de territorios colonizados o dominados, ya sea de un proceso de escisión o de secesión. Varios territorios han proclamado recientemente su independencia y reivindican la condición de Estado (Chipre del Norte, Abjasia o Somalilandia), sin que la comunidad internacional reconozca dicha independencia. Ese acto irrevocable de reconocimiento constituye un elemento central de las relaciones internacionales (problema del no reconocimiento de Taiwán por parte de la República Popular China, de Israel por parte de ciertos países árabes, o del reconocimiento de Kosovo solamente por tres cuartos de los Estados miembros de la Unión Europea). Esa multiplicación de entidades independientes conduce a varios autores (P. Boniface, S. Rosière) a hablar de “proliferación de Estados”, cuya cantidad creciente podría ser un elemento de inestabilidad internacional.

La característica contemporánea del sistema internacional es la multiplicación de nuevos actores que compiten con los Estados. Entidades jurídicas derivadas de los Estados, tales como las organizaciones intergubernamentales (ejemplo: la Unión Europea) emiten opiniones, producen resoluciones o normas que pueden imponerse a los Estados miembros (por ejemplo, los reglamentos de la Unión Europea). Aunque, según la Carta de la ONU, son los Estados quienes oficialmente son los dueños del juego, ciertas instituciones internacionales (Corte Penal Internacional) cuestionan el derecho de los Estados. Rompiendo con las concepciones “realistas” de la geopolítica (Waltz, 1979), J. Rosenau (1979) había propuesto, en la década de 1980, abandonar una comprensión del mundo únicamente “Estado-centrada”, añadiéndole los actores no estatales. En el sistema internacional, esta aproximación “transnacionalista” intenta tomar en cuenta la multiplicación y la influencia creciente de este tipo de actores (ONG, medios masivos de comunicación, firmas transnacionales, redes criminales, etc.), cuyos medios financieros pueden, según algunos, ser superiores a los presupuestos de numerosos Estados. En los hechos, esos nuevos actores cohabitan, compiten y de un modo general interactúan con los Estados en los eventos internacionales. Se constataría por lo tanto (N. Brenner o R. Cox) una adaptación, voluntaria o impuesta, de los Estados a la mundialización, lo cual produciría una “internacionalización del Estado”, orientándolo hacia nuevas prioridades impuestas por la “competitividad mundial”, tales como la creación de un clima favorable a las inversiones transnacionales. En el plano de las relaciones interestatales, se asiste a un redimensionamiento del Estado mismo con nuevas escalas de regulaciones, que toman forma de bloques supranacionales (UE, ASEAN, G7, etc.). En efecto, en el marco de los G7 o G20, la autoridad de cada Estado parece disolverse en parte en una gobernación planetaria, a menos que la puesta en escena de esas conferencias no sirva más que para sustraer a dichos Estados de las presiones de otros actores. Porque, más allá del surgimiento de nuevos poderes, el sistema internacional continúa funcionando de manera oligárquica (por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU).

Bernard Elissalde