Acaparamiento de tierras

En la noción de acaparamiento de tierras (land grab en inglés), el término acaparamiento caracteriza un modo de apropiación –obtención del control de un objeto codiciado que tiene un valor de mercado ligado a su explotación o que permite su preservación-. Aquí se trata de tierras como extensiones y paisajes, ecosistemas y sistemas de producción agrícola de los que son el soporte.

Después de un eclipse en la larga colonización con el poblamiento de los “países nuevos”, se reanudó el interés capitalista por la tierra en el siglo XXI, con el regreso de los temores maltusianos. No hay suficientes alimentos para nutrir decentemente a una población mundial creciente. Las tierras cultivables se reducen debido a su degradación y a su artificialización para otros fines. La crisis alimentaria de 2008 constituyó una señal fuerte. Al interrumpir brutalmente una parte de las entregas de arroz a consumir en las metrópolis de los países del Sur, los países exportadores como Tailandia o Vietnam asfixiaron un mercado muy reducido, amenazando la seguridad alimentaria de los habitantes y el poder de numerosos países del Sur. La tierra agrícola se ha convertido así una vez más en un activo estratégico.

Este acaparamiento reciente con compensaciones contractuales puede ser legal –en el sentido estricto del término- en los Estados que han producido un derecho, o incluso una apariencia de catastro y una jurisprudencia territorial para requisar, apropiarse o expropiar tierras. Éstas, que pertenecen a menudo a comunidades rurales, se asignan a inversores locales o extranjeros que se supone promueven una explotación más productiva. Sin embargo, esto no hace que la operación sea legítima a los ojos de las poblaciones afectadas, como en Etiopía, Nigeria o Sierra Leona. Esto pone en tela de juicio el equilibrio alimentario entre diferentes poblaciones que tienen antiguos derechos adquiridos sobre esas tierras. La mayoría de las veces se trata de una extorsión, de una toma de posesión o de una captación cuando la apropiación se impone con la complicidad del poder en favor de extranjeros y/o de élites locales –operación que se oculta a los actores directamente afectados, que descubren el hecho cuando se delimitan las tierras o cuando son desalojados por la fuerza-. Existen numerosos ejemplos en Camboya, Sudán del Sur o la República Democrática del Congo. Al reflejar una relación de fuerza dominante-dominado, rara vez adopta la forma de una transacción transparente en un mercado territorial abierto a todos.

El régimen jurídico de la propiedad en los antiguos países colonizados o colectivizados (Europa oriental) ha favorecido este fenómeno, ya que los Estados poscoloniales se consideran en todo caso “propietarios” de todas las tierras. Los contratos escritos formales (venta, alquiler a largo plazo, arrendamiento enfitéutico, etc.) se celebran con el Estado, que tiene un monopolio territorial soberano sobre las tierras no registradas o descolectivizadas y tienen además ventajas fiscales. No hay compensación para quienes tienen derechos “tradicionales” (pastores, recolectores) o para los que han sido privados del acceso a un recurso vital como el agua de riego. Rara vez existe la obligación de explotar la tierra, por lo cual los inversores siguen siendo muy móviles, cultivando solo lo que puede ser rentable y haciendo las maletas cuando las pérdidas son evidentes: por ejemplo, Charles Beigbeder y AgroGénération, que explotan los antiguos koljoses de Ucrania.

Estas modalidades de acceso a la tierra explican la dificultad que existe para evaluar la extensión de las superficies de más de 200 hectáreas realmente acaparadas. Objeto de controversias, este acaparamiento involucra al menos al doble de la superficie cultivada en Francia según las estimaciones aproximativas de Land Matrix en 2020. Y se trata de empresas de antiguas metrópolis coloniales, como el grupo Bolloré en Francia, o de Estados “superpoblados” (India o China) o desérticos (Arabia Saudita), de fondos de pensiones, de grupos cooperativos (Tereos en Mozambique), mutuales o religiosos o de fundaciones universitarias (Harvard). Todos ellos buscan garantizar su seguridad alimentaria, diversificar sus inversiones o producir alimentos o agrocombustibles.

Si bien las tierras codiciadas se encuentran principalmente en los dos subcontinentes que disponen de las mayores reservas (las sabanas de África subsahariana y de América del Sur), el fenómeno afecta también a otras zonas de gestión territorial degradada (Indonesia o Papúa Nueva Guinea, Rusia o Ucrania). También hay focos de fijación en Sudán del Sur, Mozambique, República Democrática del Congo o Liberia; en Brasil, Argentina, Guyana o Perú.

Las tierras concedidas pueden encontrarse a veces en países densamente poblados como Etiopía, que expulsa o agrupa en otras partes (“aldeización”) a los nativos asentados en las tierras asignadas a los “inversores”, en la provincia de Gambella, por ejemplo, colindante con el nuevo Estado de Sudán del Sur.

Las tierras así recuperadas ofrecen potencialidades que están destinadas a convertirse en recursos mediante el “paquete tecnológico de la revolución verde” (irrigación, plantas seleccionadas o modificadas, fertilizantes y productos fitosanitarios) y una mecanización a ultranza. Por lo tanto, son tierras arables o en barbecho y cultivables según los estándares occidentales que se retiran de los sistemas agrarios que tienen, para quienes están vivos y sanos, objetivos de reproducción social y de producción, preocupándose por la conservación de la fertilidad a largo plazo.

Impulsado por el crecimiento demográfico (9 mil millones de personas en 2050), el cambio climático y el temor a la escasez de alimentos, el acaparamiento actual de tierras es un fenómeno mundial vinculado a la regulación neoliberal. Sin embargo, nada hace pensar que este movimiento se atenuará con la desglobalización que se está produciendo ante nuestros ojos.

Hoy en día, en los países del Sur, las tierras tomadas se han convertido en enclaves agroindustriales productivos que someten a estrictas normas de producción y calidad, frecuentemente por contrato, a los agricultores familiares vecinos subcontratistas, para disponer, por ejemplo, de productos que cumplan con los requisitos de consumidores del Norte.

El acaparamiento de las tierras se refiere a las relaciones de poder sobre la territorialidad y los recursos, al poblamiento óptimo del planeta, así como al estilo de valorización de las potencialidades para alimentar a una humanidad “sobreurbanizada” que ha artificializado la naturaleza. También plantea cuestiones sobre los “estilos de alimentación” y la necesidad de una dieta equilibrada, barata y cada vez menos monótona, con proteínas animales y productos de otros lugares y fuera de estación. ¿Qué pasaría con los recursos alimentarios si las clases medias indígenas comieran proteínas animales como los chinos? También cuestiona la división mundial del trabajo agrícola, que pone en competencia los sistemas agrarios familiares y agroindustriales, que no utilizan los mismos insumos y cuyos estilos de vida son opuestos. Con fenómenos inesperados: a pesar de los bajos rendimientos alimentarios –salvo en el caso de los tubérculos- y de una alimentación urbana que se abre al mercado internacional, los pequeños campesinos africanos han podido alimentar –gracias a un artesanado femenino innovador- a las grandes aglomeraciones subsaharianas.

Se estima que cuatro de cada diez trabajadores a nivel mundial están empleados en la agricultura –primero familiar- principalmente en Asia y África, y que dos tercios de los adultos pobres que trabajan se encuentran en este sector. Este sector manifiesta un diferencial de productividad por hectárea considerable con el Norte: la agricultura de secano del Sahel produce en promedio sólo una tonelada/hectárea de cereales frente a siete toneladas/hectárea de trigo blando en Beauce. Mientras la tierra cultivable disponible se reduce en Asia y Europa, sigue siendo significativa en África y América del Sur (del orden de 300 millones de hectáreas, doce veces el potencial francés utilizado). De allí la prisa por estas tierras para alimentar a la población mundial, usando el modelo agroindustrial que no es el más “beneficioso” para todos.

Luchar contra la pobreza y la malnutrición requiere el apoyo de los pequeños agricultores familiares que no pueden encontrar –todos- trabajo en otros sectores. Queda promover con ellos esta agricultura ecológica de la que conocen los parámetros. El valor del trabajo campesino es incomparablemente alto cuando se considera a la luz del desarrollo sostenible. Sin embargo, deben cumplirse dos condiciones delicadas: seguridad en el acceso a la tierra y a los factores de producción.

Georges Courade